2025-07-29-11:07:46 452
Familiares exigen al Gobierno, la Fiscalía, la ONU y la Defensoría, que activen rutas urgentes de liberación.
Han pasado dos meses desde que Rodrigo Antonio López Estrada y Jesús Antonio Pacheco Oviedo, funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, fueron secuestrados por el ELN en zona rural de Fortul, desde entonces, las familias sienten que los dejaron solos. “El Estado no ha mostrado voluntad real para lograr su liberación”, denuncian.
Frente a la sede de la Fiscalía en el municipio de Arauca, familiares y ciudadanos realizaron un nuevo plantón de protesta, luego de que el ELN difundiera una segunda prueba de supervivencia. En los videos, los funcionarios piden la intervención urgente de organismos internacionales como la ONU, Derechos Humanos y la Defensoría del Pueblo.
“La Fiscalía no nos escucha, el Gobierno guarda silencio y ya han pasado más de 60 días. ¿Qué más necesitan?”, expresó uno de los familiares durante la manifestación. Aseguran que ni el presidente Gustavo Petro ni el fiscal general han gestionado los canales diplomáticos y humanitarios necesarios para facilitar la liberación.
Desde el 8 de mayo, día en que los dos agentes fueron interceptados mientras se movilizaban por vías de Fortul, se han realizado marchas, velatones y pronunciamientos públicos, sin una respuesta clara por parte del Estado. La comunidad y organizaciones de derechos humanos insisten en que este caso refleja una preocupante indiferencia institucional ante el drama del secuestro.
En 2023, Arauca se consolidó como uno de los departamentos con mayor número de secuestros en el país, una tendencia que continúa en 2024 sin una política contundente de respuesta. La persistencia del conflicto armado, el control territorial de grupos ilegales y la débil presencia estatal siguen cobrando víctimas, mientras las familias esperan.
“El ELN ha admitido su responsabilidad, ha enviado pruebas de vida, pero el Estado, que debería ser el primero en garantizar la libertad de sus funcionarios, permanece inmóvil”, denuncian voceros de las familias. Hacen un llamado urgente al presidente Petro para que active una ruta clara de diálogo humanitario, con acompañamiento internacional.
La situación de López Estrada y Pacheco Oviedo no puede seguir siendo tratada como un dato más en las cifras del conflicto. Son vidas humanas, funcionarios públicos, secuestrados en ejercicio de su labor. Y es deber del Estado actuar, no sólo condenar.
