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En el corazón del Llano, donde la tierra es rica en petróleo, pero pobre en oportunidades, la comunidad de Arauca levanta su voz frente a una realidad que duele: el desempleo azota con fuerza a una población que, a pesar de los recursos naturales que se extraen de su suelo, no encuentra caminos para vivir con dignidad.
La Ordenanza 006 de 2018, respaldada por recursos departamentales, fue creada con la esperanza de cambiar esa historia. Su propósito era claro: promover el trabajo digno y decente en el departamento. Junto a esta, existen otros instrumentos como un acuerdo municipal y el Decreto 1668, que obligan a las empresas, especialmente las del sector petrolero, a vincular mano de obra local calificada y no calificada. Pero en la práctica, estas normativas parecen letra muerta.
En conversación con Carlos Anzola, representante legal de la Asociación de Desempleados del municipio de Arauca, la indignación y el clamor por justicia social son evidentes. “Tenemos una política con recursos, una ordenanza, un decreto nacional y un acuerdo municipal, pero no se ve el resultado. Aquí, los araucanos envejecen esperando la oportunidad de trabajar en su propia tierra”, afirmó.
Según Anzola, jóvenes con preparación académica, sueños y ganas de salir adelante, se enfrentan al cierre sistemático de puertas. En cambio, personas de otras regiones del país acceden con facilidad a los empleos que deberían priorizarse para los locales. “He conocido casos donde traen a trabajadores de otras ciudades solo por relaciones personales, mientras aquí la juventud deambula sin rumbo”, agregó.
Anzola no pide caridad. Pide coherencia. “No queremos que nos regalen nada. Queremos que se respete la ley, que se nos tenga en cuenta, que las oportunidades que prometieron se cumplan. Estamos en un territorio petrolero y merecemos trabajar en él”.
Este llamado no puede seguir cayendo en oídos sordos. La ciudadanía araucana necesita respuestas, necesita oportunidades reales y necesita que el desarrollo de su tierra también se refleje en sus mesas, en sus casas y en sus familias. Las instituciones deben dejar de actuar como espectadores y asumir su rol. Y la industria, que se enriquece con los recursos de Arauca, debe responderle al pueblo que los genera.
Los pocos araucanos que logran ingresar a trabajar en las petroleras son engañados con contratos temporales de apenas unos meses, y luego despedidos sin justificación alguna. Esto ha obligado a los trabajadores a realizar constantes protestas para exigir respeto por sus derechos laborales. “No se trata solo de que no nos den oportunidades, es que a los pocos que logran entrar, los sacan sin explicación.
Este patrón de exclusión no se limita a las empresas privadas. En instituciones públicas como la Fiscalía, se vive una situación similar. El presidente del sindicato Asonal Judicial Subdirectiva Arauca, el abogado Juan José Guevara, ha librado una batalla constante para que no se traigan funcionarios de otros departamentos, argumentando que en Arauca hay profesionales capacitados y competentes para ocupar esos cargos. Sin embargo, la costumbre de importar talento y exportar frustraciones persiste, afectando el tejido social y el sentido de pertenencia.
La consecuencia es dolorosa: jóvenes que, ante la falta de oportunidades, se ven obligados a dejar su tierra, convirtiéndose en promesas profesionales en otras regiones del país. Mientras tanto, el DANE continúa registrando a Arauca como el departamento con el índice de desempleo más alto de Colombia, reflejando una crisis estructural que ningún plan ha logrado revertir.
Además, esta situación ha desencadenado una grave crisis de salud mental. Anzola señala. “No queremos seguir contando historias tristes. Los jóvenes quieren ayudar a sus familias, pero no encuentran cómo. ¿Qué más tienen que esperar?”, reflexiona.
Porque Arauca no puede seguir siendo “saudita” solo para unos pocos.
