2025-08-06-11:58:40 163
En Colombia, como en muchas partes del mundo, el consumo de sustancias psicoactivas (SPA) se ha convertido en un problema de salud pública. En los últimos años, este fenómeno ha dejado de ser un tema marginal para convertirse en una preocupación estructural, especialmente entre adolescentes. Según el Estudio Nacional de Consumo de SPA en Población General, el 11,5 % de las personas entre los 12 y 65 años ha consumido marihuana al menos una vez. Esta sustancia lidera el consumo a nivel nacional, y preocupa aún más cuando se detecta su uso en escenarios como las instituciones educativas.
El departamento de Arauca no es ajeno a esta problemática. Rectores, docentes y autoridades locales han expresado su profunda preocupación por el aumento del consumo de SPA, especialmente en forma de vapeadores, dentro de los colegios. Estos dispositivos, aunque promocionados inicialmente como alternativas al cigarrillo, contienen nicotina, una sustancia altamente adictiva que, en adolescentes, afecta el desarrollo cerebral, la memoria, la concentración, el estado de ánimo y otras funciones cognitivas.
Aquilino Enrique Escobar Serrano, secretario de Educación del municipio de Arauca, señala que “el consumo de SPA no es nuevo, pero se ha disparado con el uso del vapeador”. Agrega que, aunque se realizan esfuerzos institucionales para prevenir, sensibilizar y acompañar, las herramientas legales disponibles, resultan insuficientes frente a la magnitud del problema.
Uno de los mayores obstáculos lo representa la Sentencia T-005 de 2024 de la Corte Constitucional, que prohíbe la intervención de la Fuerza Pública en actividades cívico-militares dirigidas a menores en zonas afectadas por el conflicto, como Arauca. Esto limita seriamente la posibilidad de realizar inspecciones preventivas con apoyo policial o el uso de unidades K-9 para la detección de sustancias dentro de los colegios.
La acción de tutela fue presentada por las ONG Humanidad Vigente Corporación Jurídica y la Fundación Regional de Derechos Humanos Joel Sierra contra el Ministerio de Defensa, el Ejército Nacional y la Gobernación de Arauca. Los accionantes alegaron que las actividades del Ejército Nacional realizadas en agosto de 2021 involucraron a menores en zonas marcadas por la violencia, lo que contraviene sus derechos fundamentales.
La Sala Octava de Revisión de la Corte, conformada por los magistrados Cristina Pardo, José Fernando Reyes y Natalia Ángel, falló a favor de los accionantes, ordenando:
Esto limita significativamente el accionar de las entidades locales, como lo explica el secretario Escobar:
“No podemos ingresar con la Fuerza Pública a las instituciones a revisar el consumo de estas sustancias, ya que la misma sentencia lo prohíbe. Nos deja atados de manos”.
Por lo que desde los planteles educativos se activa la ruta institucional cada vez que se detecta un posible caso de consumo. La psico orientadora del colegio hace las respectivas remisiones al sistema de salud y, en algunos casos, al ICBF o Comisaría de Familia. Sin embargo, la respuesta es lenta, y los docentes señalan que la ley no les otorga herramientas suficientes para actuar de forma efectiva. “No somos competentes para valorar si un estudiante ha consumido o no droga. Solo podemos activar ruta”, explica un directivo docente.
La situación se agrava con el retiro de la Policía de Infancia y Adolescencia de los planteles, como parte del pacto por escuelas seguras. “Antes los muchachos sentían el temor de la autoridad. Hoy todo es más complicado”, dice una fuente consultada.
El discurso del “trabajo en conjunto” entre familia, colegio y Estado parece más una utopía que una realidad. Las denuncias de los docentes son alarmantes: padres que no revisan los bolsos de sus hijos, que no asisten a reuniones escolares, que no reclaman boletines, y que, en muchos casos, no saben si sus hijos van o no al colegio.
“Los valores se aprenden en casa y se refuerzan en la escuela; las disciplinas académicas se aprenden en la escuela y se refuerzan en casa. Esa es la corresponsabilidad, pero se ha roto”, afirma un rector. De 500 estudiantes, apenas 120 padres reclaman los boletines el día de la entrega. “Los estudiantes pierden 7, 8 o más materias y no les importa. El padre tampoco se entera, ni les exige”.
¿Y la educación superior? ¿Estamos formando para ella?
Mientras el departamento exige acceso a la educación superior, los docentes advierten que no se están fortaleciendo las bases para formar buenos bachilleres. “Estamos mal. Esto se refleja en las pruebas de Estado. Solo algunos colegios privados y uno que otro oficial logran buenos resultados. Los demás estamos de mitad de tabla hacia abajo”, afirman los educadores.
El círculo vicioso es evidente: estudiantes con bajo rendimiento académico, desmotivados, sin disciplina, expuestos al consumo, con padres ausentes y un sistema legal que limita la acción institucional. “Los estudiantes que aspiran a la universidad están en otros colegios. Aquí llegan los que no aceptaron en otra parte o los que no tienen disciplina, porque no podemos negar el derecho a la educación ni aplicar las normas con rigor”, explica un rector.
¿Y ahora qué? Propuestas frente al vacío legal
Entre las soluciones planteadas está la creación de una asociación civil de padres y líderes comunitarios, que, como figura legal, solicite formalmente la presencia de la Fuerza Pública con fines preventivos. Sin embargo, varios docentes ven esto como una idea “romántica” e inviable: “Un padre de familia no va a entrar a revisar bolsos. Ni lo va a permitir el estudiante, ni lo va a querer hacer el padre. Eso es una bomba de tiempo”, aseguran.
Para ellos, la solución real es permitir nuevamente la presencia preventiva de la Policía de Infancia y Adolescencia y las unidades caninas en los colegios. “No pedimos militares armados, pedimos apoyo institucional para frenar una situación que está creciendo y desbordándonos”, concluyen.
Nos hemos enfocado en exigir educación superior para Arauca, sin fortalecer los cimientos educativos de base. Padres, Ministerio, autoridades locales y sociedad civil han dejado solos a los docentes, que hoy enfrentan aulas llenas de evasión, desinterés y consumo, sin herramientas legales ni apoyo real. La educación no puede ser un discurso de derechos sin responsabilidad.
Como dice un rector: “Estamos rogando a Dios que el flagelo del consumo no se nos meta en el colegio… porque del Estado, poco podemos esperar”.
