2026-10-02-09:43:35 73
Durante 2025, en Arauca se registraron 1.545 casos de violencias basadas en género y 10 casos de feminicidio, de acuerdo con cifras citadas por la Defensoría del Pueblo. Tame concentró 509 casos, seguido de Arauca capital con 368, Saravena con 205, Arauquita con 181 y Fortul con 177. Para 2026, con corte a junio, ya se habían reportado 777 casos, nuevamente con Tame entre los municipios con mayor número de registros.
No son solamente cifras. Detrás de cada registro hay una persona, una familia, un niño o una niña que pudo haber presenciado la violencia, una mujer que quizá llevaba meses soportando humillaciones, amenazas o controles, una persona que no denunció por miedo o dependencia económica y, en algunos casos, una víctima que llegó a pedir ayuda cuando el daño ya estaba hecho.
Referente a esto existe otro tipo de circunstancias que también hay que observar y tratar a detalle, en dialogo con el neuropsicólogo clínico Jeyfer Cisneros advierte sobre la relación entre el consumo de sustancias psicoactivas y los cambios en la conducta. Explica que una sustancia puede alterar procesos relacionados con la inhibición, el control de impulsos y la regulación emocional, aumentando el riesgo de respuestas agresivas en determinadas circunstancias, la evidencia internacional respalda que existe una relación entre el consumo, particularmente el consumo nocivo de alcohol, y la violencia. La OPS señala que el alcohol es un factor de riesgo asociado a la violencia sexual y a la violencia ejercida por la pareja.
Pero hay que decirlo claramente: una sustancia no convierte automáticamente a una persona en agresora. El consumo es un factor de riesgo dentro de un fenómeno mucho más complejo. También intervienen las creencias sobre el poder y el control, los aprendizajes familiares, la desigualdad, la tolerancia social frente a determinadas conductas, los antecedentes de violencia y las condiciones particulares de cada caso. La propia OPS advierte que los efectos del alcohol sobre la violencia dependen de la cantidad consumida, el entorno y las normas culturales.
Por eso, responsabilizar exclusivamente al alcohol, la cocaína, la marihuana o cualquier otra sustancia sería simplificar un problema que necesita una mirada mucho más profunda.
La Ley 1257 de 2008 reconoce que la violencia contra las mujeres puede producir daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial, además de amenazas, coacción o privación arbitraria de la libertad. La misma norma reconoce como daño psicológico las conductas destinadas a degradar o controlar mediante intimidación, manipulación, amenaza, humillación, aislamiento u otras formas de afectación.
Entonces también hay violencia cuando se controla el teléfono, cuando se revisan las conversaciones, cuando se decide con quién puede hablar una mujer, cuando se le prohíbe trabajar, cuando se controla su dinero, cuando se utiliza a los hijos para castigarla o someterla, cuando se le humilla delante de otras personas, cuando se le dice que nadie le va a creer.
Cuando se le hace sentir que está obligada a soportarlo todo porque "es su esposo", "es el padre de sus hijos" o porque "así son las relaciones".
Incluso existe la denominada violencia vicaria, en la que los hijos pueden ser instrumentalizados para producir sufrimiento o ejercer control sobre la madre.
Y la violencia también puede aparecer en los espacios laborales, comunitarios y políticos, donde las mujeres pueden enfrentar intimidaciones, descalificaciones, exclusiones o barreras por razón de género.
El problema, entonces, no es únicamente cuántas mujeres llegan golpeadas a un hospital. La pregunta es cuántas tuvieron que soportar meses o años de violencia psicológica antes de llegar allí.
¿Y qué está haciendo la institucionalidad?
Pero aquí no vamos a aplicar responsabilidades porque también sería injusto afirmar que no se está haciendo nada.
En julio de 2026, la Defensoría del Pueblo participó en Arauca en la estrategia "Entre Nosotras y con Ellos", liderada por la Secretaría de Desarrollo Social y con apoyo de la Oficina Asesora de la Mujer y Equidad de Género de la Gobernación, precisamente para fortalecer la prevención temprana y el conocimiento de las rutas de atención. En esa jornada participaron alrededor de 30 lideresas y mujeres de distintos sectores y comunidades.
En Arauca ya hay una herramienta institucional para enfrentar esta problemática, la Ordenanza 206 de 2025, “por medio de la cual se crea y adopta la Ruta Integral de Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres del Departamento de Arauca”, incorporada al ordenamiento departamental en diciembre de 2025.
La iniciativa tuvo además una discusión particular por tratarse de una ruta que busca responder no solamente a las violencias que ocurren en el ámbito privado, sino también a aquellas que afectan a las mujeres en espacios públicos y de participación.
En su trámite ante la Asamblea Departamental, la propuesta fue presentada por las entonces diputadas Maricel Ortiz Ramírez, Alexa Quirife Bohórquez y Mercedes Rincón Espinel. En noviembre de 2025, la Comisión Tercera aprobó en primer debate la iniciativa, cuyo propósito era establecer mecanismos de atención, protección y prevención frente a formas de agresión, discriminación e intimidación contra mujeres que ejercen liderazgo público o político.
Hoy, la propia Alexa Quirife, como autora de la iniciativa y conocedora del proceso que llevó a su presentación ante la Asamblea Departamental, plantea la necesidad de pasar de la norma a la acción, afirmación que abre una discusión que resulta fundamental para el departamento, una ordenanza no puede quedarse archivada después de ser aprobada.
Y en el ámbito nacional se han desarrollado herramientas para acercar la orientación y protección a las víctimas. En 2026, por ejemplo, se fortaleció SALVIA, plataforma que busca facilitar orientación, acompañamiento y acceso a rutas frente a violencias basadas en género.
Es decir, hay normas, rutas, campañas, instituciones y estrategias, pero una política pública se fortalece cuando una mujer puede comprobar que funciona.
Otra de las acciones que existen institucionalmente es que cada año aparecen el día morado, el día naranja, las camisetas, los mensajes, los pendones y las publicaciones que si puede contribuir a sensibilizar.
Pero también hay una realidad incomoda y es si realmente entendemos lo que ocurre el día siguiente, si estamos acompañando a una mujer víctima y qué pasa después de la denuncia, quien verifica que la medida de protección realmente se cumpla.
¿Quién evalúa si las campañas están cambiando comportamientos?
Porque pintar de naranja un edificio un día al año, no transforma por sí solo una cultura.
Una política de prevención tendría que estar presente en las escuelas, en las familias, en los lugares de trabajo, en los barrios, en las instituciones públicas, en las organizaciones comunitarias y también en los espacios digitales.
Y otra situación aún más compleja; no idealicemos tampoco la llamada familia tradicional, porque también se ha instalado el discurso de que necesitamos regresar a la "familia tradicional" para recuperar los valores.
Recuperar valores, sí.
Pero no podemos romantizar todo lo que ocurría dentro de las familias de antes, muchas mujeres de generaciones anteriores fueron educadas para aguantar, para no hablar de sus emociones, para mantener el hogar a cualquier precio.
Para considerar que mientras no hubiera un golpe, "no pasaba nada".
No necesitamos regresar a esa familia, necesitamos construir familias capaces de educar en respeto, igualdad, límites, responsabilidad afectiva, resolución pacífica de conflictos y reconocimiento de las emociones.
Las redes de apoyo no pueden ser solo institucionales, así como la prevención tampoco puede recaer exclusivamente en una comisaría, una Fiscalía, un hospital o una oficina de la mujer.
Una red de apoyo comienza muchas veces mucho antes, en una hermana que escucha, en una madre que no le dice a su hija "aguante por sus hijos", en una amiga que identifica una señal de alarma, en un compañero de trabajo que no guarda silencio frente a una humillación, en un docente que reconoce cambios de comportamiento en un estudiante, en una comunidad que deja de encubrir al agresor.
Y, por supuesto, en instituciones que cumplen sus competencias.
La ruta institucional también debe funcionar como una cadena y no como una carrera de obstáculos. El doctor Cisneros lo resume desde otra perspectiva: salud debe atender las consecuencias y garantizar consultas y tratamientos; las autoridades competentes deben adoptar medidas de protección y acciones orientadas a evitar que los hechos vuelvan a ocurrir.
El desafío es pasar de la reacción a la prevención
Porque si seguimos reuniéndonos únicamente después de cada agresión, cada feminicidio o cada tragedia para decir que debemos prevenir, estaremos llegando siempre tarde.
La verdadera prueba de una política pública contra la violencia de género no está en cuántas veces encendemos el color morado o naranja. Está en cuántas violencias logramos evitar antes de que una mujer tenga que pedir auxilio.
Ese debería ser el indicador que Arauca empiece a mirar.
