2026-07-02-11:08:21 249
Por: Ana Francy Espinel Ortega
Ing. Civil Magister Ingeniería - Transporte
En el ejercicio de la función pública, la integridad exige coherencia entre la vida personal y el desempeño laboral, de modo que las actuaciones de los servidores públicos, tanto dentro como fuera de su cargo, reflejen principios de ética, responsabilidad y respeto. En la percepción que se construye a través de redes sociales y medios de comunicación, se observa que, en algunos casos, mientras unos funcionarios pueden excederse en la atención e inversión en tiempo y dinero a su apariencia personal, otros descuidan aspectos esenciales de su imagen y rol, generando desbalances frente a las verdaderas prioridades del servicio al Estado.
Los aspectos relacionados con la imagen personal, la estética corporal o el bienestar físico (en todas las etapas de la vida) hacen parte del libre desarrollo de la personalidad; sin embargo, deben ocupar un lugar secundario frente a la responsabilidad fundamental de ejercer una función administrativa eficiente, transparente y orientada a resultados. El foco de la gestión pública debe centrarse en el cumplimiento del objetivo y metas institucionales.
Para el caso, el actuar del presidente, de un gobernador, de un alcalde, de un contralor, de un magistrado, de un senador o, en general, de cualquier gestora o gestor público con capacidad de dirección, se constituye en un referente directo para sus subalternos. La conducta de estos altos directivos no solo orienta las decisiones institucionales, sino que también moldea la cultura organizacional de las entidades. Cuando un líder actúa con responsabilidad, ética y compromiso, dichos valores tienden a replicarse en sus equipos de trabajo; por el contrario, si evidencia comportamientos irresponsables, falta de rigor o desinterés en el cumplimiento de sus funciones, es probable que estas conductas se reproduzcan, debilitando la gestión institucional.
El liderazgo público, implica una responsabilidad ejemplar. Quien ordena el gasto, gestiona el talento humano y dirige una entidad no solo administra recursos, sino que también construye referentes de comportamiento. Debe ser ejemplo de respeto hacia sus colaboradores, hacia los ciudadanos y hacia los recursos públicos que le han sido confiados, consolidando así una cultura organizacional basada en la integridad y la confianza.
En Colombia, se han realizado esfuerzos significativos para fortalecer la ética en la función pública, evidenciándose avances en la promoción de la transparencia y la cultura institucional. El Sistema Nacional de Integridad, establecido mediante el Decreto 0382 del 7 de abril de 2026, refuerza la necesidad de consolidar una gestión basada en valores, coherencia y responsabilidad, contribuyendo a alinear el comportamiento de los servidores públicos con los principios del interés general. Esto puede ser consultado en el sitio https://www.funcionpublica.gov.co/sistema-nacional-de-integridad.
En la función pública, la integridad se refleja, ante todo, en el ejemplo cotidiano de quienes ejercen el poder público. Cuando este ejemplo es coherente, ético y orientado a resultados, se fortalece la legitimidad institucional, también se consolida la confianza ciudadana, contribuyendo a una administración pública eficiente, transparente y comprometida con el desarrollo del país.
