2025-10-24-13:15:04 444
En una de las operaciones más contundentes de los últimos años contra las finanzas del autodenominado Ejército de Liberación Nacional (ELN), la Fiscalía General de la Nación reveló la desarticulación de una compleja red de lavado de activos que habría blanqueado recursos ilícitos por más de 885.000 millones de pesos.
El hallazgo se produjo en el marco del nuevo Modelo Único de Investigación Financiera (MUIF), estrategia que busca fortalecer la trazabilidad del dinero proveniente de economías ilegales y golpear los pilares financieros de las organizaciones criminales.
La investigación, adelantada por las direcciones de Lavado de Activos y Extinción de Dominio con apoyo de la DIJIN y el CTI, permitió establecer que la red delinquía desde 2005 en Arauca, Norte de Santander, Casanare, Nariño, Amazonas, Cundinamarca y la ciudad de Bogotá.
Durante los operativos realizados esta semana, fueron incautados 59 lingotes de oro, valorados en más de $32.000 millones, además de $563 millones en efectivo, 22.805 dólares y abundante documentación contable que evidenciaría el alcance de las operaciones financieras ilegales.
Las pesquisas señalan que la red utilizaba corresponsales bancarios en Arauquita y Bogotá para mover masivamente dinero y transferirlo a distintas regiones del país, ocultando su origen ilícito. Solo por este medio se habrían canalizado $685.000 millones, muchos de ellos depositados por ciudadanos venezolanos, en montos que superaban los límites permitidos por la normatividad financiera.
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Para dar apariencia de legalidad a los recursos, los implicados crearon cinco empresas fachada en los sectores de telecomunicaciones, construcción, agropecuario y servicios aéreos, que reportaban ingresos por $83.500 millones. Además, se detectó la existencia de cuatro compañías de papel dedicadas a emitir facturas ficticias por supuestas ventas de vehículos, medicamentos y obras de ingeniería, moviendo al menos $2.770 millones adicionales.
La Fiscalía reportó la captura de ocho personas, seis en Colombia y dos en Argentina. El presunto cabecilla de la organización sería Arturo Archila Rincón, alias “Nacho”, quien tiene orden de captura vigente y se presume que permanece fuera del país.
Entre los capturados figuran Yasser Husseir Ardila Urbina, señalado de canalizar dineros ilícitos; José Fernando Arias Marulanda, Jesús Manuel Farfán López, Jesús Alberto Velasco Navarro y Andersson Ferneliz Flórez Zocadagui, quienes habrían participado en la creación de empresas ficticias; y Ana Yamileth Cuadros Pérez, contadora que presuntamente asesoró las operaciones simuladas.
En Argentina fueron detenidos Harold Ronnie Ardila Urbina y Mayerly Zulay Arévalo, acusados de coordinar las transferencias internacionales de los fondos.
Los seis detenidos en Colombia fueron presentados ante un juzgado de control de garantías de Bogotá, que legalizó sus capturas y las medidas de incautación. El dinero, el oro y los bienes confiscados quedaron bajo administración del Fondo Especial de Bienes de la Fiscalía (FEAB).
Los implicados serán imputados por concierto para delinquir agravado con fines de lavado de activos y financiación del terrorismo, lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares.
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Simultáneamente, la Dirección de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares sobre 33 bienes urbanos, 10 rurales, 4 sociedades, 22 vehículos y 23 establecimientos de comercio, con un avalúo preliminar de $37.000 millones.
Las diligencias se ejecutaron en Cundinamarca, Arauca, Norte de Santander, Casanare, Nariño y Amazonas, con apoyo de la Interpol, la Policía Nacional, el Ejército, la Armada y la Fuerza Aeroespacial Colombiana.
La Fiscalía destacó el respaldo de la DEA de Estados Unidos y de entidades del sector financiero, como el Banco de Bogotá, Bancolombia y el Banco Agrario, que facilitaron información clave para rastrear las operaciones irregulares.
Este golpe no solo representa una afectación directa al componente financiero del ELN, sino que reafirma la efectividad del nuevo modelo de investigación económica-criminal, orientado a desmantelar las estructuras que sostienen las economías ilícitas detrás del conflicto armado en Colombia.
