2025-10-23-15:16:01 249
A tres años de haberse iniciado el contrato de construcción de 70 viviendas de interés social en el sector de Playitas, municipio de Arauca, la promesa de un hogar digno sigue siendo un sueño aplazado. De las viviendas proyectadas, apenas 27 han sido levantadas parcialmente, con un avance físico del 39 %, según se conoció durante el debate de control político desarrollado este jueves 16 de octubre en la Asamblea Departamental de Arauca.
La sesión, citada por los diputados Mercedes Rincón Espinel y Pablo Rojas Palma, puso sobre la mesa las graves demoras y presuntas irregularidades del proyecto, identificado bajo el Contrato de Obra N.º 267 de 2022, cuyo propósito era la construcción de 70 viviendas en Playitas. Sin embargo, las familias beneficiarias siguen esperando lo que el papel prometió y la corrupción les ha negado: su techo propio.
Según documentos oficiales de la Gobernación de Arauca, el contrato fue suscrito el 2 de mayo de 2022 con el Consorcio Playitas 2022, inicialmente representado por Johann Waldir Moyano Solano y posteriormente cedido a Jairo Armando Cely Ariza. El valor del contrato supera los 4.300 millones de pesos, con un anticipo del 30 %, equivalente a 1.290 millones de pesos, recursos públicos entregados con la esperanza de iniciar prontamente la obra.
Pero lo que siguió fue una cadena de irregularidades, cesiones y excusas. El contrato fue gestionado inicialmente durante la administración de la exgobernadora Indira Luz Barrios, quien lo entregó al señor Hever Espinosa Braga, conocido como “Pinocho”. Junto a su socio Joan Waldir Moyano Solano, no avanzaron un solo paso significativo. Los recursos se esfumaron y las obras quedaron abandonadas. Luego, bajo el mandato del exgobernador Willinton Rodríguez Benavidez, el contrato fue nuevamente cedido a Jairo Armando Cely Ariza, pero la historia se repitió: más dilaciones, más promesas y ninguna vivienda entregada.
El contrato, con una duración inicial de siete meses, debía concluir el 13 de febrero de 2023. Sin embargo, entre suspensiones, prórrogas y supuestas “dificultades técnicas”, hoy se ha convertido en un expediente empolvado. Las 70 familias de Playitas siguen esperando que alguien les cumpla, mientras los contratistas y exfuncionarios se lanzan la culpa entre sí.
Durante el debate, los representantes de la firma contratista y el vocero de la interventoría reconocieron los retrasos, mientras los beneficiarios presentes en el recinto, manifestaron su profunda preocupación ante lo que calificaron como una “espera sin fin”.
“Ya han pasado años y no vemos resultados. Cumplimos con todo lo que nos pidieron: adecuamos el terreno, metimos maquinaria, usamos material de calidad y hasta pagamos las licencias de construcción. Pero nuestras casas siguen a medias”, expresó una vocera de las familias afectadas, visiblemente conmovida.
Según los testimonios, muchas familias invirtieron recursos propios para intentar avanzar con las obras ante la inacción de la contratista, mientras otras se han visto obligadas a vender su derecho por desesperanza. Al menos dos beneficiarios han fallecido sin ver materializado el sueño de su vivienda digna.
La diputada Mercedes Rincón Espinel fue contundente en su intervención:
“Este es un caso de falta de planeación, de desidia administrativa y de indiferencia con las comunidades más necesitadas. Hoy vemos familias que lo han dado todo, que han cumplido con cada exigencia, y el Estado no les responde”.
Por su parte, el secretario de Planeación Departamental, Germán León Coronel, acudió a la plenaria para responder por el contrato y aseguró que actualmente se adelantan gestiones para “destrabar” el proyecto, aunque no ofreció una fecha concreta para su entrega final.
El caso de las viviendas de Playitas no es un hecho aislado. Es otro ejemplo del débil cumplimiento contractual y la ineficacia en la ejecución de recursos públicos en el departamento de Arauca, donde la burocracia, los vacíos en la supervisión y los continuos cambios de contratistas terminan afectando directamente a la población más vulnerable.
Desde 2022, la Gobernación ha advertido que este contrato enfrenta riesgos de pérdida de regalías por incumplimiento, un escenario que se repite en varios proyectos sociales del departamento. La administración anterior ya había reconocido la necesidad de ceder el contrato por los reiterados retrasos y el bajo nivel de avance, que en 2023 apenas alcanzaba un 16,5 % de ejecución.
Hoy, los beneficiarios siguen esperando claridad, mientras el proyecto acumula más de 36 meses de atraso sobre el plazo original. El fracaso del proyecto de viviendas en Playitas pone en evidencia una falla estructural en la gestión de políticas públicas de vivienda en Arauca y la ausencia de articulación entre planeación, ejecución y control ciudadano.
Los proyectos estatales deberían representar una oportunidad de dignificación y estabilidad. Sin embargo, terminan convirtiéndose en símbolos de frustración colectiva. Este caso deja una lección clara: los avances en infraestructura social no pueden depender de contratistas incumplidos ni de la buena voluntad de las comunidades, sino de una política pública que realmente defienda los intereses de la gente.
Mientras tanto, en Playitas, las familias siguen mirando con incertidumbre los muros inconclusos de lo que algún día debía ser su hogar.
