2025-10-22-15:16:00 542
En la mañana de este miércoles 22 de octubre, la Dirección Especializada contra el Crimen Organizado y la de Extinción de Dominio de la fiscalía general de la Nación adelantaron un amplio operativo simultáneo en los municipios de Arauca, Arauquita, Saravena y Tame.
Las diligencias incluyeron allanamientos y capturas que, según fuentes judiciales, dejarían un saldo preliminar de seis personas con orden de detención, entre ellas reconocidos contratistas de la región.
El despliegue inició con la llegada de un avión Hércules C130 de la Fuerza Aérea a la capital araucana, transportando el equipo especial de la Fiscalía que coordina las operaciones.
Entre los capturados se encontrarían dos contratistas del municipio de Arauquita, mientras que también se confirmaron allanamientos en bienes y establecimientos comerciales. En Arauca capital, se habrían realizado diligencias similares en un establecimiento que también funcionaban como empresas contratistas.
Este operativo se desarrolla en un contexto de creciente atención sobre los contratos públicos en el departamento, luego de que trascendiera que el exgobernador José Facundo Castillo Cisneros habría manifestado su intención de acogerse a un preacuerdo judicial.
El anuncio de Castillo ha generado expectativa en los círculos políticos y judiciales, pues su eventual colaboración con la justicia podría marcar un punto de quiebre en la investigación de presuntas redes de contratación irregular que, durante años, han sido señaladas por organismos de control y veedurías ciudadanas.
Desde una perspectiva analítica, estos hechos sugieren un reacomodo de fuerzas dentro del entramado político y económico de Arauca. La combinación entre capturas de contratistas activos y el posible testimonio de un exmandatario procesado podría abrir una etapa de revelaciones con efectos en distintos niveles de poder local.
Aunque las autoridades no han confirmado la relación directa entre los operativos y las declaraciones de Castillo, el momento y la simultaneidad de las diligencias refuerzan la hipótesis de que el departamento atraviesa una fase de depuración institucional y judicial sin precedentes.
