2026-11-20-15:24:35 3
Después de permanecer cerca de un año y seis meses en cautiverio, los funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, recuperaron su libertad este jueves 12 de noviembre de 2026, tras ser entregados por el Frente de Guerra Oriental del Ejército de Liberación Nacional (ELN) a una comisión humanitaria.
Los dos servidores públicos habían sido secuestrados el 8 de mayo de 2025 en zona rural del municipio de Fortul, Arauca, cuando se movilizaban en cumplimiento de actividades relacionadas con la Dirección de Protección y Asistencia de la Fiscalía. Desde entonces, sus familias habían vivido meses de incertidumbre y adelantado diferentes gestiones para conseguir su regreso.
La liberación se produjo mediante una misión humanitaria en la que participaron organismos como la Defensoría del Pueblo, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), la Misión de Verificación de las Naciones Unidas y representantes de la Iglesia católica, quienes acompañaron el proceso de recepción y entrega de los funcionarios.
En el comunicado divulgado por el ELN, el grupo armado argumentó razones humanitarias para permitir su liberación y mencionó especialmente la condición de salud de Jesús Antonio Pacheco Oviedo, quien, según esa organización, requería atención médica especializada. Su estado de salud deberá ser establecido mediante valoración profesional.
El caso estuvo rodeado de diferentes episodios durante el prolongado cautiverio. En mayo de 2026, el ELN anunció que había sometido a los dos funcionarios a un denominado «juicio revolucionario», mediante el cual comunicó supuestas condenas de 60 meses para Pacheco Oviedo y 55 meses para López Estrada. La Defensoría del Pueblo rechazó ese procedimiento y recordó que ningún grupo armado tiene facultades para juzgar personas ni imponer condenas.
Meses después, en julio de 2026, se conoció un video en el que los dos funcionarios solicitaban un intercambio humanitario que les permitiera recuperar su libertad, mientras sus familiares continuaban reclamando garantías para sus vidas y su pronta liberación.
Tras conocerse la noticia, la Fiscalía General de la Nación expresó su satisfacción por el regreso de sus funcionarios y agradeció la intervención de los organismos humanitarios y de la Iglesia católica. La fiscal general, Luz Adriana Camargo, manifestó su solidaridad con las familias, que durante aproximadamente 18 meses esperaron noticias sobre sus seres queridos.
Por su parte, Rodrigo Antonio López Estrada entregó sus primeras declaraciones a medios locales, donde relató algunos de los momentos vividos durante el secuestro y la emoción de conocer que finalmente regresarían a sus hogares.
La liberación representa un alivio para las familias y para quienes acompañaron las exigencias de libertad durante este tiempo. Sin embargo, también vuelve a poner en evidencia la persistencia del secuestro como una de las graves afectaciones humanitarias que enfrenta Arauca, donde civiles, servidores públicos y trabajadores continúan expuestos a las acciones de los grupos armados ilegales.