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Con 11 votos favorables, la Asamblea Departamental de Arauca aprobó la Política Pública de Cultura, las Artes y los Saberes 2026–2035, una hoja de ruta que busca fortalecer durante los próximos diez años las expresiones artísticas y culturales, proteger el patrimonio, reconocer los saberes tradicionales y generar mayores oportunidades para artistas, gestores, creadores y organizaciones de los siete municipios del departamento.
La aprobación representa un avance para el sector cultural araucano y abre la posibilidad de consolidar nuevas estrategias de formación, participación, circulación y fortalecimiento de las diferentes manifestaciones culturales. La iniciativa contempla 40 acciones estratégicas orientadas a responder a las necesidades del sector y a promover una mayor participación de los actores culturales en los procesos de planificación.
El proceso contó con el liderazgo de la administración departamental, el acompañamiento de la gestora social Gleydis Torres y la gestión de la asesora de Cultura y Turismo, Adriana Soto. Con la aprobación de esta política también se proyecta avanzar hacia la creación de una Secretaría de Cultura y Turismo, con el propósito de fortalecer la institucionalidad y posicionar la cultura como un eje de identidad, inclusión, sentido de pertenencia y desarrollo para Arauca.
Sin embargo, el debate dejó sobre la mesa importantes inquietudes planteadas por representantes y gestores culturales, especialmente frente a la manera en que se administran, distribuyen y ejecutan los recursos destinados al sector.
Durante la discusión, Pedro Parales, vocero de una veeduría ciudadana integrada por cultores, pidió mayor transparencia en el manejo de los recursos provenientes de la estampilla cultural y reclamó una participación más activa de los artistas y gestores en la planeación y contratación de los proyectos.
La veeduría expuso cuestionamientos sobre la destinación de los recursos y señaló que, en algunos proyectos, una proporción significativa del presupuesto no llegaría directamente a las actividades culturales. Como ejemplo, se mencionaron contratos cercanos a los $100 millones, en los que, según los ejercicios presentados durante el debate, entre el 20 % y el 25 % tendría como destino directo la actividad cultural. Estas afirmaciones deberán ser contrastadas con los contratos, estudios previos, informes de ejecución y demás documentos oficiales.
La discusión también incluyó los recursos destinados al Día del Llanero, frente a los cuales se solicitaron mayores explicaciones sobre la distribución del presupuesto entre artistas, tarima, sonido, iluminación y logística. Durante la sesión se hizo referencia a un contrato cercano a los $1.550 millones, cifra que igualmente deberá ser verificada en los documentos oficiales correspondientes.
Otro de los llamados estuvo relacionado con la necesidad de garantizar que la nueva política no se quede únicamente en un documento de buenas intenciones. El gestor cultural Onésimo Javier Díaz propuso que la política de diez años esté acompañada de un plan indicativo con objetivos, metas, indicadores, responsables y recursos definidos para cada acción, además de mecanismos de seguimiento y evaluación que permitan verificar periódicamente su cumplimiento.
Por su parte, el gestor cultural Byron Sarmiento planteó la necesidad de transformar el enfoque tradicional de las actividades culturales y avanzar hacia procesos de formación artística y técnica que permitan a niños y jóvenes desarrollar capacidades y proyectarse profesionalmente. En su intervención destacó la importancia de fortalecer la formación y el acompañamiento a artistas con proyección regional, nacional e internacional.
Desde el sector teatral, Juliet Díaz solicitó que la política contemple una bolsa de estímulos concursables para las diferentes áreas culturales, con reglas claras y condiciones equitativas de participación. El objetivo es que los mecanismos de acceso a los recursos permitan oportunidades para las distintas disciplinas y no se concentren en determinados sectores.
A estas observaciones se sumó Jhoan Quesada, representante del Consejo de Cinematografía, quien llamó la atención sobre la necesidad de establecer mecanismos que garanticen una participación más amplia de gestores, organizaciones y representantes de las distintas áreas culturales en la ejecución de los recursos públicos, evitando posibles concentraciones de la contratación.
Con la aprobación de la Política Pública de Cultura, las Artes y los Saberes de Arauca 2026–2035, el departamento cuenta ahora con una hoja de ruta para orientar su desarrollo cultural durante la próxima década. El desafío será convertir las 40 acciones previstas en programas y proyectos concretos, con financiación garantizada, metas medibles, mecanismos de seguimiento y participación efectiva de quienes integran el sector cultural.
Más allá de la aprobación, artistas, gestores, organizaciones y representantes culturales coinciden en que el verdadero impacto de la política se medirá en los próximos años, cuando los recursos públicos se traduzcan en formación, estímulos, oportunidades, infraestructura, circulación y mejores condiciones para quienes mantienen viva la cultura y los saberes de Arauca.
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